
Alejandro Fontana, PhD
En un artículo de Harvard Business Review aparecido en noviembre-diciembre de 2022, Roger Martin y Martin Reeves, ex-decano de Rotman School of Management y presidente del BCG Henderson Institute, respectivamente, sugieren, que en la actualidad, casi todos los negocios se topan, en algún momento, con decisiones que tienen un carácter político y no solo del negocio. Ellos consideran que estas decisiones exigen, además, una reflexión más profunda, porque versan sobre cuestiones controversiales de carácter ético, social o ecológico.
En consecuencia, comentan estos autores, “el supuesto de que los negocios y la política pueden y aún deben estar separados, ya no es realista; especialmente, donde los valores, la identidad y la seguridad son una preocupación de la sociedad”. Y por tanto, siguen diciendo estos autores, “cuando surge una controversia por alguna acción u omisión de la empresa, ya no es suficiente con enviar un mensaje desde el departamento de asuntos corporativos para resolver el problema”.
Para estos autores, la estrategia -una actividad propia de los directivos de empresas- “es el arte de hacer decisiones informadas en un ambiente competitivo”. Pero estas decisiones, en la actualidad, ya no se confinan al terreno estricto del negocio. La tecnología ha generado un ámbito de mayor transparencia, de modo que las cuestiones éticas, sociales y políticas están constantemente evolucionando, y desafiando el análisis simple que hacían los directivos sobre las consecuencias de sus decisiones en estas cuestiones.
En consecuencia, para estos autores, al tomar una decisión sobre el negocio, los directivos deberían tener en cuenta cinco recomendaciones:
a) desarrollar unos principios que ayuden a navegar en las cuestiones éticas y políticas;
b) adelantarse a las cuestiones éticas del sector;
c) comunicar e implementar, de modo consistente, sus decisiones;
d) promover una asociatividad que vaya más allá del ámbito sectorial; y
e) aprender de los errores cometidos para replantear las decisiones futuras.
Difiero de ellos, cuando consideran que las cuestiones éticas, sociales y políticas deben tenerse en cuenta, porque, en la actualidad, estas cuestiones tienen una repercusión en la reputación del negocio. Efectivamente, hoy en día ese es el fenómeno que se da; pero considero que toda actividad empresarial siempre debe contemplar en su estrategia el impacto que su operación genere en el territorio donde opera, porque es una actividad humana, y como tal, siempre tendrá un impacto social. Y conviene, por el impacto en el propio decisor, que ese impacto social sea positivo.
No obstante esta discrepancia, me parece que las cinco recomendaciones de estos autores son sumamente adecuadas para la prevención de los conflictos sociales o los inconvenientes de carácter reputacional. Y más, cuando ellos sugieren que este análisis sea parte de la estrategia del negocio.
En particular, deseo ahora recoger el ejemplo que ellos ofrecen y que refleja la conveniencia de adelantarse a las cuestiones éticas del sector. El año 2000, todo el sector de extracción y comercialización de diamantes enfrentó una crisis potencial. Los grupos de derechos humanos empezaron a hablar de los llamados “diamantes del conflicto”: gemas que eran extraídas de las regiones controladas por grupos rebeldes, y donde ellos utilizaban esclavos o tenían prácticas inhumanas para la explotación de las minas. Además, con los recursos generados, estos grupos financiaban unas guerras que eran crueles.
Estos diamantes no significaban más del 5% del abastecimiento mundial, pero estas gemas, también conocidas como “diamantes de sangre”, tenían el potencial de teñir la reputación de toda la industria, erosionar la confianza de los clientes y terminar en un boicot a gran escala. Adelantándose a ese posible boicot, y a pesar de que estos diamantes no se extraían en países donde De Beers operaba, esta empresa tomó medidas que fue ir más allá de enviar una comunicación a sus clientes y al público, diciendo que ellos nunca habían comercializado ni comercializarían este tipo de diamantes.
Junto con otras empresas del sector y contando con el apoyo de las Naciones Unidas, lograron que se estableciera el Kimberley Process, un sistema de certificación internacional de “diamantes libres de conflicto”. Además, desarrollaron unos estándares mucho más exhaustivos para enfrentar el riesgo de que este tipo de diamantes se introdujeran en algún eslabón de la cadena de abastecimiento. Esta práctica trajo como consecuencia que el abastecimiento de los diamantes se limitara solo a compañías con minas propias. Ellos también desarrollaron el sistema TRACR: el único sistema blockchain de abastecimiento y distribución de diamantes en el mundo, que permite contar con una trazabilidad impecable de la procedencia de cada gema.
De esta forma, la empresa ha superado un riesgo político grande; pero, además, ha conseguido reforzar su estrategia de diferenciación. Ahora es el “el mejor en la industria” en cuanto procedencia de los diamantes. Y a partir de la implementación de este sistema el año 2018, ha permitido conocer también el impacto que la empresa está teniendo en las personas y los lugares donde extrae sus diamantes.
Si aplicamos esta recomendación: adelantarse a las cuestiones éticas que surjan en el sector, a nuestra realidad nacional, pienso, por ejemplo, en el impacto reputacional que podrían producir las onzas de oro y los concentrados de mineral que proceden en una minería no legalizada o poco profesional que contamina el medioambiente o genera maltratos sociales.
Creo que no podemos quedarnos al margen de los problemas que este tipo de explotaciones sin control ambiental, ni legal, ni tributario están generando en cuanto daño ambiental y problemáticas sociales que afectan a los más débiles de nuestra sociedad. Niños, mujeres y personas sencillas son sometidas a la trata de personas, a condiciones inhumanas de trabajo, a esclavitud económica, a abusos y maltratos físicos. Quizás, es momento de que el sector formal de la minería adopte, en forma colaborativa y con otros actores sociales, medidas para adelantarse a cuestiones éticas que podrían empañar la calidad ética y la reputación de sector minero nacional. Uno de los más importantes del mundo.