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Alejandro Fontana, PhD
El Perú no necesita únicamente más inversión, más crecimiento o más eficiencia operativa. Necesita también empresarios que comprendan que la empresa, cuando está bien dirigida, puede convertirse en una de las instituciones más eficaces para recomponer el tejido social. Esta afirmación no nace de una visión romántica de la empresa, sino de una constatación práctica: allí donde una empresa opera, emplea personas y compra a proveedores: forma hábitos, establece criterios de justicia, introduce estándares, promueve confianza; o por el contrario, genera vicios, crea injusticias, promueve la informalidad y debilita la confianza.
La historia empresarial ofrece ejemplos sugerentes. Dave Thomas, fundador de Wendy’s, no limitó su preocupación social al éxito de su cadena de restaurantes. A partir de su propia experiencia como niño adoptado, impulsó la Dave Thomas Foundation for Adoption, fundada en 1992, orientada a encontrar hogares permanentes para niños que se encuentran bajo protección del Estado y que esperan ser adoptados. Wendy’s presenta esta iniciativa como una causa institucional vinculada al deseo de que cada niño tenga una familia estable y amorosa.
Blake Mycoskie, fundador de TOMS, incorporó en 2006 el modelo One for One, inspirado por la necesidad de niños sin zapatos en Argentina; la empresa señala que desde entonces ha usado el negocio como medio para servir a comunidades vulnerables, y reporta más de 100 millones de vidas impactadas. James Cash Penney, fundador de J.C. Penney, abrió en 1902 su primera tienda bajo el nombre Golden Rule Store y desarrolló desde muy pronto un plan de participación de utilidades para sus colaboradores.
En el Perú también encontramos experiencias que apuntan en esa dirección. Antonio Armejo, desde ilender, promovió en Santa Clara la creación de Más Futuro, como una manera concreta de asumir que la empresa no debía limitarse a instalar una planta moderna, sino convertirse en un buen vecino, capaz de contribuir a la seguridad ciudadana de la localidad y al desarrollo social de su entorno.
También puede mencionarse el caso de Manolo Zúñiga y PetroTal en el Lote 95, en Puinahua, Loreto, donde la creación del Fondo 2.5 expresa una comprensión territorial de la sostenibilidad: parte del valor generado por la operación se orienta a responder a necesidades concretas de la población local, fortaleciendo la legitimidad social de la empresa y su compromiso con el desarrollo del territorio.
Estos ejemplos no deben copiarse mecánicamente. No todo modelo de donación es sostenible, ni toda iniciativa social transforma realmente un territorio. Pero sí muestran algo decisivo: algunos empresarios han entendido que la empresa puede atender una necesidad social concreta sin dejar de ser empresa.
Johannes Messner lo expresó con claridad cuando afirmó: “resulta evidente lo acertado de la idea de la reforma social cristiana, de que la cuestión social ha de ser resuelta sobre todo en la empresa, si ha de serlo de alguna manera”. La frase es exigente. No significa que el Estado no tenga responsabilidad, ni que la empresa deba sustituir a la política pública. Significa algo más profundo: si la cuestión social no entra en la empresa: en sus relaciones laborales, en su cadena de valor, en su modo de operar, en su presencia territorial y en su comprensión de la persona, difícilmente será resuelta de manera duradera.
El deterioro social en nuestro país obliga a tomar en serio esta tesis. Según el INEI, en 2025 la pobreza monetaria afectó al 25.7% de la población; aunque bajó respecto de 2024, todavía compromete a una cuarta parte del país. La pobreza extrema alcanzó al 4.7%, equivalente a 1.6 millones de personas; y el 32.8% de la población se encontraba en situación de vulnerabilidad monetaria. La pobreza rural llegó al 35.5%, y departamentos como Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco registraron los niveles más altos.
La precariedad laboral es igualmente crítica. En 2025, el 70.2% de la población ocupada tenía empleo informal; en el área rural, la informalidad llegó al 94.8%. Esto significa que millones de peruanos trabajan sin protección social suficiente, sin estabilidad y sin acceso pleno a derechos laborales. A ello se suman problemas severos de nutrición y salud: la anemia afectó al 34.9% de los niños de 6 a 35 meses, con mayor incidencia en zonas rurales; y la desnutrición crónica alcanzó al 12.1% de los menores de cinco años. La inseguridad alimentaria moderada o severa afectó al 30.5% de la población peruana en 2025, según la primera medición oficial del INEI con asistencia técnica de la FAO.
La inseguridad ciudadana también se ha convertido en una amenaza directa para la vida social y para la operación empresarial. El INEI estima que la tasa de homicidios pasó de 7.4 por cada 100,000 habitantes en 2019 a 10.7 en 2025; y las denuncias por extorsión crecieron de 16,346 casos en 2022 a 26,585 en 2025. Finalmente, la Contraloría estimó que la corrupción e inconducta funcional generaron pérdidas aproximadas por 24,268 millones de Soles en 2023.
Frente a esta realidad, la sostenibilidad empresarial no puede reducirse a reportar indicadores ESG, cumplir exigencias regulatorias o financiar campañas filantrópicas. Una empresa sostenible es aquella que comprende el territorio donde opera, identifica sus problemas estructurales, reconoce a sus actores sociales, fortalece capacidades locales y contribuye a que la sociedad en la que trabaja sea más viable. La sostenibilidad, vista desde el rol de la empresa en la sociedad, exige pasar de la pregunta “¿qué impacto reputacional tiene este problema para mi empresa?” a una pregunta más exigente: “¿qué problema real de este territorio puedo ayudar a resolver desde mi actividad empresarial?”.
Esto cambia la agenda del directorio y del dueño de empresa. La pobreza del territorio no puede verse solo como un dato externo; puede convertirse en una oportunidad para desarrollar proveedores locales, generar empleo formal, capacitar jóvenes, elevar estándares productivos y fortalecer economías familiares. La inseguridad no puede entenderse únicamente como un costo de vigilancia; obliga a reconstruir confianza, colaborar con autoridades, ordenar cadenas logísticas, proteger trabajadores y reducir espacios para la extorsión. La informalidad no debe verse solo como competencia desleal; es también una llamada a crear rutas de formalización, asistencia técnica y acceso a mercados. La anemia, la inseguridad alimentaria o la baja calidad educativa no son problemas ajenos a la empresa: afectan el capital humano presente y futuro del país.
Desde la doctrina social cristiana, esta responsabilidad se entiende con mayor profundidad. San Juan Pablo II señaló en Centesimus annus que la ganancia es un indicador legítimo de buena marcha empresarial, pero no el único; la empresa no existe solo para producir utilidades, sino como “comunidad de personas” al servicio de la sociedad. Benedicto XVI insistió en Caritas in veritate en que la economía necesita justicia, gratuidad, solidaridad y responsabilidad por el bien común; incluso sostuvo que la actividad económica debe abrir espacio a la lógica del don y a formas de reciprocidad que no destruyen el mercado, sino que lo humanizan. Y Francisco vinculó la ecología integral con el cuidado de los más vulnerables, mostrando que no hay verdadera sostenibilidad ambiental sin justicia social.
Por eso, para un empresario cristiano, la sostenibilidad no es una moda gerencial. Es una consecuencia de mirar a cada persona como alguien dotado de dignidad, llamado a desarrollarse y merecedor de oportunidades reales. La solidaridad cristiana no se agota en donar recursos; exige involucrarse, conocer, acompañar, corregir estructuras injustas y crear condiciones para que los más vulnerables puedan desplegar sus capacidades. No se trata de convertir la empresa en una ONG, sino de dirigirla con una comprensión más alta de su misión.
El empresario peruano puede preguntarse, con gran concreción: ¿qué capacidades está dejando mi empresa en el territorio? ¿Cuántos proveedores locales han mejorado gracias a nuestra presencia? ¿Cuántos trabajadores han formalizado su vida económica? ¿Cuántas familias tienen más estabilidad por nuestra forma de operar? ¿Qué hemos hecho para reducir la conflictividad, la desconfianza o la dependencia asistencial? ¿Qué problema social importante hemos ayudado a resolver sin abandonar nuestro negocio principal?
El Perú necesita empresarios que no se limiten a resistir el deterioro social, sino que se atrevan a revertirlo. Dueños de empresa, directores y gerentes tienen una responsabilidad histórica. Allí donde el Estado llega tarde, donde la institucionalidad es débil, donde la pobreza se reproduce y donde la violencia amenaza la vida cotidiana, la empresa puede ser un espacio de orden, justicia, trabajo digno, aprendizaje, cooperación y esperanza.
La cuestión social peruana no será resuelta solo desde los ministerios, ni únicamente mediante programas públicos. También se resolverá, si ha de resolverse de verdad, en la empresa y desde la empresa: en la manera de contratar, comprar, vender, capacitar, dialogar, invertir, medir resultados y relacionarse con el territorio. Esa es la sostenibilidad que necesitamos: una sostenibilidad orientada al bien común, arraigada en el territorio y animada por una solidaridad cristiana auténtica.
Referencias
INEI. Pobreza monetaria 2025.
INEI. Indicadores del mercado laboral, cuarto trimestre 2025
INEI. Evolución de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana 2022–2025
INEI / ENDES 2025. Anemia y desnutrición infantil.
INEI / FAO. Inseguridad alimentaria 2025.
Contraloría General de la República. Pérdidas por corrupción e inconducta funcional.
Vaticano. Centesimus annus, Caritas in veritate, Laudato si’
Dave Thomas Foundation for Adoption; TOMS; Oklahoma Hall of Fame.
Alejandro Fontana 