Alejandro Fontana, PhD
En el Perú urbano, la bodega no es solo un punto de venta: es un negocio familiar, una fuente de autoempleo, un microespacio de confianza y un mecanismo cotidiano de distribución del ingreso. En paralelo, el formato de “tienda de conveniencia” se expande con rapidez: Tambo (del grupo Lindcorp) ha desplegado un plan agresivo de crecimiento, y OXXO (FEMSA) ha comunicado hitos de expansión en el país. Este contraste -bodegas dispersas vs. cadenas con escala- pone sobre la mesa una pregunta más profunda que la típica discusión de precios y eficiencia: ¿qué dejamos fuera cuando llamamos “racional” a lo que el mercado premia?
John Friedmann, experto en Planificación Pública, ayuda a formular el problema con precisión. En su marco, la racionalidad de mercado es la búsqueda ilimitada del interés propio de individuos y corporaciones; como sus consecuencias no se planifican deliberadamente, puede presentarse como algo “cuasi-natural”, como si estuviera más allá de la intención humana. Pero, subraya Friedmann, desde temprano fue evidente que las transacciones de mercado no aseguran el bienestar social: incluso condiciones paretianas se cumplen rara vez, y el resultado puede incluir explotación, desempleo, degradación urbana y -clave para nuestro caso- la bancarrota de pequeños negocios.
La frontera entre la racionalidad del mercado y la racionalidad social aparece cuando observamos qué entra y qué no entra en el cálculo. Friedmann ilustra que una decisión empresarial puede ser aclamada como “racional”: por ejemplo, cerrar una planta para aumentar beneficios, aunque deje sin empleo a miles: el cálculo de la racionalidad del mercado no incorpora, como criterio interno, los intereses agregados de quienes pierden con el cierre de la planta. Sin embargo, Friedmann añade un matiz decisivo: la racionalidad es también un valor que busca aprobación social. Bajo este considerando, el actor económico tiende a justificar su decisión en términos más amplios que el interés propio, apelando a la idea de que “lo que es bueno para la empresa es bueno para la nación”. Esta es la promesa clásica -que Adam Smith habría articulado como armonía natural de intereses: “los vicios privados producen beneficios públicos”- y que, en esta lógica, funcionaría como una narrativa legitimadora.
Traslademos esto al retail de conveniencia. Para una cadena como TAMBO u OXXO, abrir tiendas en ubicaciones estratégicas, apalancarse en logística, estandarización, marketing y negociación con proveedores es perfectamente “racional” en clave de mercado: reduce costos, aumenta rotación y captura demanda por proximidad. El impacto en el barrio -la salida gradual de bodegas familiares que no pueden igualar escala, horarios, promociones o alquileres- no aparece como variable “decisiva” dentro de esa racionalidad, salvo cuando se convierte en conflicto político, reputacional o regulatorio. Esto calza exactamente con la tesis de Friedmann: el mercado, por sí mismo, no está diseñado para cuidar el tejido social; su lógica es unidimensional si no se le imponen contrapesos.
En el Perú, esta discusión no es marginal, porque la economía real descansa de forma abrumadora en unidades productivas pequeñas. El propio Estado reporta que la enorme mayoría de empresas formales son MYPE. Y, por estructura laboral, la informalidad sigue siendo muy alta: alrededor de siete de cada diez ocupados, según reportes recientes del INEI; lo que hace que el autoempleo y el negocio familiar no sean “residuos del pasado” sino parte central de la forma en que millones sostienen ingresos. En esa línea, reportes basados en ENAHO señalan que las MYPE concentran prácticamente la totalidad de empresas y emplean una parte muy relevante de la PEA.
Cuando el canal moderno desplaza aceleradamente al canal tradicional, no solo cambia dónde compramos; cambia quién captura el excedente, cómo se distribuye el capital y cuán concentrado queda el poder económico. Ese es el punto de fondo del “límite” que Friedmann señala: lo que el mercado considera eficiente puede ser socialmente desintegrador.
Además, en barrios con clase media frágil, la bodega cumple una función de “difusión” económica: multiplica propietarios, reparte pequeñas rentas, sostiene redes familiares y vecinales, y reduce la concentración patrimonial en pocos conglomerados. El mercado no computa ese valor salvo por sus efectos indirectos. Friedmann lo dice con crudeza: aunque la producción y el sustento dependan mayoritariamente del mercado, la búsqueda ilimitada de beneficios puede destruir los lazos de reciprocidad humana que sostienen la vida social.
No se trata de idealizar la bodega ni demonizar la cadena; se trata de reconocer que la “neutralidad” del mercado es, en realidad, una forma de ceguera social.
¿Qué medidas pueden defender a los negocios familiares sin caer en prohibicionismos ineficientes? Friedmann ofrece una pista concreta cuando enumera aplicaciones de la planificación pública orientadas a criterios de racionalidad social: proteger negocios locales ante los estragos del mercado no restringido; por ejemplo, a través de planificación del territorio y zonificación racional del mercado en nombre de intereses sociales como empleo y entorno. Desde esa lógica, una primera medida -municipal y territorial- es ordenar la densidad y localización de tiendas de conveniencia mediante reglas claras: distancias mínimas en ciertas zonas residenciales, límites por manzana o por radios de influencia, criterios de saturación comercial; no para “impedir competir”, sino para evitar que la expansión por concentración espacial convierta barrios completos en un monocultivo comercial.
Una segunda medida es fortalecer una política de competencia y de contratación comercial que mire prácticas de exclusión: monitoreo de precios predatorios, cláusulas de exclusividad con proveedores que cierren el acceso al canal tradicional y acuerdos que deterioren la subsistencia del pequeño comercio. Esto es coherente con la idea de Friedmann de que el punto de mayor conflicto con las fuerzas de mercado es precisamente la política que restringe su funcionamiento “normal”; y que dichas restricciones solo se sostienen si se traducen en reglas públicas defendibles.
Una tercera medida -de fomento productivo, no solo de control- es “equipar” a la bodega para competir donde sí puede: compras asociativas (cooperativas o centrales de compra por barrio/distrito); digitalización ligera (catálogo, pedidos, pagos); acceso a microcrédito y capital de trabajo en condiciones razonables; y asistencia técnica para gestión de inventario y márgenes. Si la economía peruana es mayoritariamente MYPE, la modernización del canal tradicional no es romanticismo: es política económica para sostener una base empresarial amplia.
Una cuarta medida es reconocer que siempre habrá perdedores en transiciones competitivas y que la racionalidad social exige amortiguación: programas de reconversión, capacitación, y redes de seguridad para “víctimas del mercado” aparecen explícitamente en Friedmann como parte legítima de la planificación pública. En un país con alta informalidad, esto pasa también por facilitar formalización inteligente: costos de cumplimiento proporcionales, para que la bodega pueda acceder a financiamiento y compras públicas sin ser asfixiada por trámites.
Finalmente, Friedmann recuerda algo incómodo, pero realista: limitar la lógica unidimensional del mercado no ocurre solo por tecnocracia; suele requerir movilización política y articulación de actores. En el caso peruano, eso implica asociaciones de bodegueros más fuertes, municipios con capacidades de ordenamiento, consumidores conscientes del rol social del comercio de barrio, y empresas de retail dispuestas a estándares de coexistencia: por ejemplo, compromisos territoriales verificables, cuando su expansión tensiona el ecosistema local.
Si aceptamos con Friedmann que el mercado no “calcula” por sí mismo los costos sociales -y que, aun así, busca legitimarse como si beneficiara a todos-, entonces el debate sobre TAMBO, OXXO y las bodegas deja de ser una pelea entre “modernidad y atraso”. Pasa a ser una discusión seria sobre qué tipo de economía queremos: una economía donde el capital se concentra por pura escala, o una donde la eficiencia convive con una arquitectura institucional que protege el pluralismo económico del barrio y la difusión de oportunidades.
Referencias
John Friedmann, Planificación en el ámbito público (ed. esp., 1991): racionalidad de mercado, efectos sociales y rol de la planificación.
INEI, informe técnico sobre mercado laboral (EPEN): tasas de empleo informal.
PRODUCE (Gobierno del Perú): composición del tejido empresarial formal y peso de MYPE.
ComexPerú (reporte MYPE con base ENAHO): peso de MYPE en empresas y empleo.
FEMSA: expansión de OXXO en Perú – hito de tienda 100 en 2023, 9 octubre 2023.
Gestión: expansión de Tambo y dinámica del mercado de conveniencia, 28 abril 2024.
Alejandro Fontana 